Más vale pedir perdón y no permiso

Durante muchos años, el desarrollo de Cancún y de las zonas turísticas del norte de Quintana Roo estuvo regido por una máxima que los empresarios decían siempre con una sonrisa en los labios: “Más vale pedir perdón que pedir permiso”. Es decir, las cosas se hacían sin preocuparse por leyes, reglamentos, autorizaciones, permisos o licencias, y luego -ante una situación de hechos consumados- siempre había alguna manera de arreglar las cosas, ya fuera a base de compadrazgos o influencias políticas, de los consabidos sobornos, del pago de multas que por sus reducida cuantía resultaban casi simbólicas, o sencillamente porque las autoridades seguían la política de “dar facilidades” a los inversionistas. Es decir, prácticamente, dejarlos hacer lo que les viniera en gana.

Parece que el presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez ha decidido aplicar esa máxima. En su obsesión por construir lo que pretende sea la gran obra de relumbrón, la llamada Plaza Bicentenario –de la cual se dice irónicamente que está concebida como avenida… como la avenida que lo llevará a la gubernatura-, ha decidido iniciar la construcción saltándose a la torera todos los impuestos legales que pudiera haber y todas las opiniones calificadas en contra.

Ya metió maquinaria para comenzar a derribar la arboleda en la zona, aunque no ha hecho los trámites para el cambio de uso de suelo, no cuenta con la autorización de la Semarnat –ni siquiera con la manifestación de impacto ambiental que exige la ley- y en el lugar hay especies de plantas protegidas por la ley.

Tampoco en el presupuesto de egresos para el próximo año, aprobado por el cabildo, hay una partida destinada a financiar la obra, que costará más de 200 millones de pesos. Todo lo que ha dicho es que “se irá pagando”, aunque sin especificar de dónde saldrá el dinero, lo cual se ha prestado a suspicacias respecto a la limpieza con que se manejan las finanzas públicas.

Ha desestimado también las opiniones del colegio de biólogos y el colegio de arquitectos. El primero pide mantener esa área arbolada y aprovechar para hacer un gran parque urbano, ya que Cancún tiene un gran déficit de áreas verdes –menos de la cuarta parte de la superficie por persona que recomienda las normas internacionales- y la destrucción de ese pulmón de la ciudad agravaría más todavía la situación. El colegio de Arquitectos, por su parte, ha hecho notar que la construcción de la plaza, con su catedral, su palacio municipal y otras edificaciones religiosas y gubernamentales, tendrá un grave efecto negativo sobre el entorno, desquiciará la vida de los habitantes de las zonas vecinas, ocasionará serios problemas de vialidad y transporte, y sobrecargará la infraestructura de electricidad, agua y drenaje, que no está proyectada para soportar las instalaciones que se pretende construir, sino para las necesidades normales de una zona habitacional.

Y, desde luego, los residentes de las manzanas circundantes serán gravemente afectados en su calidad de vida, pues de tener un tranquilo ambiente residencial, pasarán a vivir en un entorno de movimiento burocrático, comercial, oficina de todo tipo y negocios. Por lo tanto, ya sus propiedades se han devaluado, y lo peor del caso es que, con el argumento de que la zona dejará de ser habitacional para convertirse en comercial, el Ayuntamiento des recetará un aumento del impuesto predial a través de revaluación catastral.

Cancún está así, en peligro de perder la única gran área verde que le queda en el centro de la ciudad –y en la cual se proyectaba construir un parque recreativo y cultural-, y los únicos felices con ello, además del propio alcalde, son los miembros de la jerarquía eclesiástica, pues el proyecto de la Plaza Bicentenario fue hecho de tal modo, que el clero apropiará de 6,500 metros cuadrados de terreno, además del desde hace una década se le dio para edificar una catedral.

Juan José Morales (Impacto Ambiental).